El poder real en Inglaterra comenzó a tomar fuerza en el siglo XVI, con la dinastía Tudor. Enrique XVIII de Inglaterra, segundo de esta dinastía, logró imponer su autoridad a los nobles, gracias al apoyo de la burguesía interesada en ampliar el comercio. La pelea con la iglesia que le permitió tomar el control de propiedades de la Iglesia en Inglaterra. El rey aumentó su poder político y asumió el poder religioso como jefe de la iglesia anglicana.
La última hija de Enrique XVIII, Elizabeth I consiguió aumentar todavía más el poder real. Durante el largo reinado de Elizabeth I (1558-1603) el poder político absoluto fue implantado de facto.
La dinastía de los Estuardo (1603-1688) trató de conseguir la legalización de su poder real. De la misma manera que la monarquía francesa, los Estuardo se mantuvieron en equilibrio de poder con la promoción entre las órdenes sociales de la burguesía capitalista. La política religiosa tendió hacia el catolicismo, que confirmaba el derecho divino del poder real.
La administración del país se organizó de la siguiente manera: el Consejo Privado, compuesto por elementos nombrados directamente por el rey, tenía carácter de asesoramiento y ejecutaba las decisiones reales en materia de finanzas, leyes, nombramiento de jueces provinciales, relaciones exteriores y convocación del Parlamento; varias comisiones organizaban los asuntos a ser debatidos por el Consejo; el gabinete particular del rey, compuesto por tres secretarios secretos, lo informaba sobre los problemas de diversa naturaleza; la Justicia era ejercida por tribunales especiales.
Los ingresos reales se derivan de la propiedad privada del rey, los cargos administrativos que se venden y la concesión de monopolios. El aumento del impuesto dependía de la aprobación del Parlamento.
La afirmación del poder absoluto real provocaría un enfrentamiento con el Parlamento. La política de normalización religiosa, a su vez, condujo a las revueltas, que se incrementaron con el intento de cobrar impuestos atrasados caídos en desuso. Los escoceses (que en ese momento formaban parte de Inglaterra) se negaron a pagar estos impuestos y a aceptar religiosa. Su revuelta hizo necesaria la convocatoria del Parlamento, que se negó a apoyar al rey, exigió la muerte de dos de sus ministros, abolió los viejos impuestos y se acordó una convocatoria periódica cada tres años.
El rey Carlos I, que comprende los parlamentarios que querían privar de poder absoluto, intentó un golpe de Estado mandando a coger a los principales diputados oposicionistas. Se consumó la ruptura entre el rey y el Parlamento, dando inicio a la guerra civil que limitó el poder absoluto, contribuyendo a largo plazo para el establecimiento del régimen de gobierno parlamentario en Inglaterra.
