Después de la caída de la Bastilla, la Asamblea Nacional Constituyente tomó la misión de resolver problemas que plagaron a toda Francia. Se inició el período que se conoce como el Gran Miedo. En los campamentos, varios campesinos saquearon las tierras, castillos y oficinas de embarque con la intención de quemar los títulos de propiedad. La eminencia de nuevos ataques era grande y la aristocracia se vio completamente acorralada por los levantamientos populares.
Para que esta situación no escapara del control, la Asamblea Nacional aprobó una ley que establecía la abolición de los derechos feudales. Desde el 04 de agosto de 1789, los campesinos no necesitaron pagar los gastos destinados a la nobleza y al clero, y los tributos debidos al Estado, anteriormente pagados con productos y servicios, serían saldados con el uso de dinero. Con tal medida, los miembros de la Asamblea intentaron calmar los ánimos de la población y, de esa manera, trataron otras importantes cuestiones.
El 26 de agosto de 1789 aprobaron la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, documento que establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la resistencia por cualquier acto de opresión. Sin embargo, mostrando su orientación de carácter burgués, este mismo documento garantizaría el derecho a la propiedad. De esta manera, se mantuvo la condición socio-económica que promueve la distinción entre los ciudadanos.
Inicialmente, el rey Luis XVI se negó a reconocer los principios defendidos por este nuevo conjunto de leyes, provocando nuevas manifestaciones populares que serían conocidas como las jornadas de octubre de 1789. El Palacio de Versalles fue objeto de una violenta invasión que amenazaría seriamente la integridad del rey de Francia. El incidente terminó forzando al traslado de la residencia real en el Palacio de las Tullerías, también en París.
Dando secuencia a sus trabajos, la Asamblea Nacional aprobó la Constitución Civil del clero, en julio de 1790. A través de esta nueva ley el Estado francés tendría el derecho a confiscar todas las propiedades controladas por la iglesia. Con eso, el gobierno buscó el lastre material necesario para el lanzamiento de los ‘assignats’, una nueva moneda que compondrían el proceso de reorganización de la economía. Además, los sacerdotes estaban subordinados al gobierno convirtiendo en una especie de funcionarios.
Finalmente, en 1791, los miembros de la Asamblea proclamaron la primera Constitución de Francia. A través de esta nueva Carta Magna, el estado francés se convirtió en una monarquía constitucional, y dividieron sus poderes con los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Sin embargo, demostrando una vez más la cara conservadora de la revolución, las nuevas leyes instalaron el voto censitario y conservaron la esclavitud en las colonias francesas.
A pesar de los cambios visibles producidos por la nueva Constitución, los problemas franceses continuaron afectando a diferentes partes de la población. Los menos afortunados se manifestaron a favor de transformaciones más profundas. Al mismo tiempo, miembros de la nobleza se refugiaron en el exterior en busca de apoyo político de otras monarquías contrarias a esas agitaciones. Nuevas réplicas aguardaron al todavía inestable marco político, social y económico de la Francia revolucionaria.
