A lo largo de la historia de la humanidad surgieron diversos entendimientos de ciudadanía en diferentes momentos – Grecia y Roma de la Edad Antigua y Europa de la Edad Media. Sin embargo, el concepto de ciudadanía como lo conocemos hoy se introduce en el contexto del surgimiento de la Modernidad y de la estructuración del Estado-Nación. El término ciudadanía tiene origen etimológico en el latin civitas, que significa ‘ciudad’. Establece un estatuto de pertenencia de un individuo a una comunidad políticamente articulada -un país- y que le atribuyó un conjunto de derechos y obligación bajo vigencia de una constitución.
Al contrario de los derechos humanos -que tienden a la universalidad de los derechos del ser humano en su dignidad-, la ciudadanía moderna, aunque influida por aquellas concepciones más antiguas, posee un carácter propio y presenta dos categorías: formal y sustantiva. La ciudadanía formal es conforme al derecho internacional, indicativo de nacionalidad, de pertenencia a un Estado-Nación, por ejemplo, una persona portadora de la ciudadanía española. En segundo lugar, en la ciencia política y sociología el término adquiere un sentido más amplio, la ciudadanía sustantiva es definida como la posesión de derechos civiles, políticos y sociales. Esa última forma de ciudadanía es la que nos interesa. La comprensión y ampliación de la ciudadanía sustancia ocurren a partir del estudio clásico de T.H. Marshall -Ciudadanía y clase social, de 1950- que describe la extensión de los derechos civiles, políticos y sociales para toda la población de una nación. Esos derechos tomaron cuerpo con el fin de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, con el aumento sustancial de los derechos sociales -con la creación del Estado de bienestar social (Welfare State)- estableciendo principios más colectivistas e igualitarios.
Los movimientos sociales y la efectiva participación de la población en general fueron fundamentales para que hubiese una ampliación significativa de los derechos políticos, sociales y civiles alcanzando un nivel general suficiente de bienestar económico, ocio, educación y política. La ciudadanía estuvo y está en permanente construcción; es un referencial de conquista de la humanidad, a través de aquellos que siempre buscan más derechos, mayor libertad, mejores garantías individuales y colectivas, y no conformándose frente a las dominaciones, sea del propio Estado o de otras instituciones.
En América Latina todavía hay mucho que hace en relación a la cuestión de la ciudadanía, a pesar de extraordinarias conquistas de los derechos después de los regímenes militares. Incluso así, la ciudadanía está muy distante de varios países latinoamericanos, pues la conquista de los derechos políticos, sociales y civiles no consigue ocultar el drama de millones de personas en situación de miseria, altos índices de desempleo, de la tasa significativa de analfabetos y semianalfabetos, sin hablar de la pesadilla de las víctimas de la violencia particular y oficial. Aquí vemos que la trayectoria de los derechos siguió la lógica inversa de aquella descrita por T.H. Marshall. Primero, ‘vinieron los derechos sociales, implantados en periodo de supresión de los derechos políticos y de reducción de los derechos civiles por un dictador que se volvió popular. Después, vinieron los derechos políticos, la expansión del voto se dio en otro periodo dictatorial en que los órganos de represión política fueron transformados en pieza decorativa del régimen. La pirámide de los derechos fue colocada desde su cabeza hacia abajo.
En los países occidentales la ciudadanía moderna se constituye por etapas. T.H. Marshall afirma que la ciudadanía solamente es plena si está dotada de todos los tres tipos de derecho:
- 1) Civil: en primer lugar, el derecho civil, derechos inherentes al a libertad individual, libertad de expresión y de pensamiento; derecho de propiedad y de conclusión de contratos; derecho a la justicia que fue instituida en el siglo XVIII.
- 2) Política: derecho de participación en el ejercicio del poder político, como elegido o elector, en el conjunto de las instituciones de la autoridad pública, constituida en el siglo XIX.
- 3) Social: conjunto de derechos relativos al bienestar económico y social, desde la seguridad hasta el derecho de compartir el nivel de vida según los patrones prevalecientes en la sociedad que son conquistas del siglo XX.
